La Ley de Segunda Oportunidad, en resumidas cuentas, está destinada a las personas o empresas que hayan adquirido deudas cuantiosas, para que estas puedan tener acceso a la eliminación de las mismas. La figura del deudor de buena fe entra en juego en esta Ley y tiene una importancia enorme.

¿Qué es el deudor de buena fe?

El concepto de ‘buena fe’ puede ser interpretable, y esta interpretación puede variar de pendiendo de la persona que lo haga. Para una persona que no es jurista y no está expuesta a desenvolverse en el mundo del derecho, puede determinar la buena o la mala fe como la intención con la que actúa una persona.

Y generalmente esta descripción es acertada. Se denomina un deudor de buena fe como la persona que ha tenido la mejor intención para pagar sus deudas, y ha hecho todos los esfuerzos para conseguirlo, pero las cosas no le han ido bien y no ha podido hacer frente a las demandas de sus acreedores.

Pero, lo más importante para calificar a un deudor de buena fe, es que este nunca, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, haya tenido la intención de quedarse con el dinero que le correspondía a su acreedor.

Aun así, para que se demuestro que una persona ha actuado con buena fe, hay que cumplir que una serie de requisitos muy específicos que te explicamos a continuación.

¿Cuáles son los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad?

El requisito principal para optar a la Ley de Segunda Oportunidad es que un juez, como hemos señalado antes, te considere un deudor de buena fe. Pero, además, hay otros requisitos indispensables.

Antecedentes penales

Para empezar, es indispensable no contar con antecedentes penales, especialmente los relacionados con el patrimonio, la Seguridad Social y la Hacienda Pública. Tampoco se debe adquirir nuevas deudas en lo que dure el proceso concursal, es decir, no obtener nuevos créditos o utilizar tarjetas de crédito.

Procedimiento de Segunda oportunidad

Es muy importante no haber estado envuelto en un proceso de Ley de Segunda Oportunidad en los diez años anteriores a la declaración del concurso de acreedores, ya que la legislación contempla que varios procesos repetidos de este tipo podrían convertirse en una mala praxis común. Tampoco está permitido haber rechazado un empleo que sea considerado apto para el deudor.

Acuerdos extrajudiciales

Lo que está bien visto y, de hecho, se recomienda, es intentar celebrar acuerdos extrajudiciales con los acreedores. El juez considerará que una persona que ofrezca y busque formas de pago y condiciones e intenta llegar a acuerdo con los acreedores demuestra una muy buena predisposición.

Exoneración de deudas

Por último, es obligatorio que la exoneración de las deudas se publique en el Registro Público Concursal. El Registro puede ser consultado por cualquier persona y la publicación de las exoneraciones estará disponible durante cinco años.

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad se creó para dar cobertura a todas las personas físicas o autónomos que se encuentren en una situación de endeudamiento excesivo. Pero, ¿Qué entiende por persona física?

Personas físicas

El Código Civil español define a la persona física como un ser humano capaz, sujeto a derechos y obligaciones. A lo largo de la historia ha aparecido cantidad de ideas y doctrinas en cuanto a lo que significa ser persona; materias como la antropología o la filosofía han reflexionado sobre el concepto “persona”. Sin embargo, es la visión del derecho la que hay que atenerse. Queremos comprender el concepto en términos jurídicos y, en concreto, en el ámbito jurídico español.

El término de ‘persona física’ según el Código Civil puede ser definido como un ser humano capaz, sujeto a derechos y obligaciones. A las personas nos amparan derechos que hemos consensuado como sociedad. Los más importantes están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en nuestro ámbito, en la Constitución Española.

Pero una persona también está sujeta a obligaciones y una de las principales obligaciones es la de hacer frente a las deudas contraídas. De manera que la ley de segunda oportunidad cubre a las personas que tienen obligaciones, o lo que es lo mismo, la mayoría de la sociedad española.